El Ministerio Público, a través
de la Fiscalía
Superior del estado Sucre, coordinó el procedimiento de
inutilización de 47 armas de fuego, de acuerdo con los parámetros establecidos
en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y los
objetivos de la Gran Misión A Toda Vida
Venezuela y el Plan Patria Segura.
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