Al momento de escribir esta nota once familias esperan en las
afueras de los Tribunales de Charallave, desean saber la suerte de sus esposos
hijos y padres funcionarios policiales del Municipio Cristóbal Rojas, los
cuales fueron detenidos por la Guardia Nacional por poseer dos armas largas las
cuales según la ley actual es solo para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También
están los familiares de tres funcionarios de la PNB que fueron heridos por impactos
de granadas lanzadas por delincuentes en dos tiroteos producidos cuando estos
funcionarios cometen el pecado de intentar entrar a un barrio donde está
prohibida la presencia policial.
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