Ante
la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público,
fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión a un inspector y tres detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tras admitir haberle exigido dinero a un comerciante a cambio de no vincular a su local con hechos ilícitos.
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