A
solicitud del Ministerio Público, se ratificó un conjunto de medidas de
protección ambiental, consistentes en la prohibición de la práctica
ilegal de la minería en los ecosistemas naturales de los ríos Orinoco y
Caroní, además de las Áreas Bajo el Régimen de Administración Especial
de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
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