Desde que en 2009 comenzara el plan Guerra contra los Gestores Delincuentes, el Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha puesto a la orden del Ministerio Público a 352 personas incursas en delitos, de las cuales 245 eran funcionarios de la institución que fueron desincorporados en su momento.
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