El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, advirtió este martes que el condicionamiento de las ventas, distribución y prestación de servicios son "delitos tipificados" en la Ley Orgánica de Precios Justos que puede implicar penas de presión de tres a seis años, y si hay reincidencia, en la ocupación temporal y la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo la expropiación definitiva del establecimiento.
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